Uno de los problemas en contra de los que advierten tanto Moisés como Samuel a su pueblo, es que el gobierno monárquico puede abusar de la población. El monarca absoluto reclama como derechos la propiedad, las mujeres, los hijos, y tesoros de la gente. Es la primitiva idea de que el César es dueño de vidas y haciendas.
El presidencialismo en Guatemala, y el resto de Iberoamérica, es una suerte de monarquía. Aquí, un pobre desarrollo jurídico en la aplicación de reglas tales como la Ley de Probidad, no ha evitado que el presidencialismo caiga en el enriquecimiento ilícito, no ha regulado el tráfico de influencias, como tampoco, la obstrucción de justicia ni la asociación para delinquir. Estos hechos son gravísimos porque socialmente entierran la sensibilidad jurídica de gobernantes y gobernados y se hace público que ni el Estado, ni el Gobierno, creen en sus propias normas.
Cuando se norma en la Biblia que el Magistrado lleva la espada, no es para usarla abusivamente. El fundamento para su uso tiene como anterior y superior a él, la regulación que define cuándo se puede usar la fuerza coercitiva del Estado. En otras palabras, el uso de la espada no es un cheque en blanco para irrespetar la vida. La cultura bíblica es pro vida.
Tarea constitucional del Estado es protegerla. Se organiza éste para proteger la vida humana, la propiedad, la libertad, los contratos y a la familia, cosas de las que administradores y legisladores parecen estar convencidos a la vez que muestran profunda indiferencia por asegurar su ejecución práctica o cumplimiento. Por eso, ni Castresana, ni el FBI, ni siquiera “tribunal intergaláctico alguno” podrá hacer que la ley se cumpla, si a los de casa nos es indiferente. Si no tenemos los mecanismos jurídicos para evitar la impunidad.
Frente a estas consideraciones, la valiosa vida de un profesional, como el Lic. Rosemberg, resulta una lamentable pérdida producto de esa indiferencia política. Pero a la vez, es un importante despertar al valor de la vida humana. Es preciso que un alto en el camino, nos recuerde que no es solo Rosemberg el que murió. Cada día hay 15 a 20 “Rosembegs”. Este gobierno, culpable directo o no de su muerte, es enteramente responsable de otra cosa, de no poder proteger la vida humana en Guatemala. Esta es suficiente razón para pedirle cuentas a quien sea. El tema no es de complots, de la oposición o de enemigos del régimen, es un asunto constitucional, y si la Constitución es complotista, entonces también lo somos 13 millones de guatemaltecos que tememos, no a la pobreza, sino a la impunidad.
En la Biblia, la vida humana tiene un infinito valor. Cada vida humana vale, la de los ricos y la de los pobres, la de blancos y la de los menos blancos, la de altos y la de los bajos, la de gordos y la de flacos. Llamarse “protector” de algunos y no ver que los guatemaltecos caen en las calles, no abatidos por el hambre, sino por la balas, es una miopía conveniente y perversa. Es una ignorancia que se basa en una opción política interesada.
Para proteger la vida humana es necesario cambiar algunas pocas reglas que los diputados temen tocar. Separar lo jurídico de lo administrativo en el Organismo Judicial, fortalecer el Organismo Judicial, pero sobre todo, hacer valer la ley, para enseñar a padres e hijos a ser responsables, que Dios ama la vida y que la muerte fue vencida por él y que, a los violentos, les espera un juicio seguro departe de Dios.
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